Por: Preiky Saint-Hilaire

Después de haber leído, analizado e interpretado, las diferentes fuentes de información suministrada por el Dr. Vladimir Estrada, entre ellas; Ley orgánica de la administración pública, Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan plurianual del sector público, Ley de planificación e inversión pública, Informe nacional voluntario 2018 (agenda ODS), y el Presupuesto general del Estado 2020. Las cuales se relacionan al marco legal e institucional de las normas vigente, para el funcionamiento e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la República Dominicana.

Entiendo que, nuestra nación se comprometió en septiembre de 2015 a ser parte de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible. En esta nueva responsabilidad, el Estado dominicano asumió la propuesta estratégica como parte de la agenda global de la ONU, las cuales favorecen el crecimiento económico y abordan una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social, las oportunidades de empleo, y a la vez que lucha contra el cambio climático, mediante la protección del medio ambiente. Las cuales son parte de los ODS.

Cabe resaltar que, aunque la agenda de los ODS 20-30 no es legalmente obligatoria, nuestro país ha establecido un marco legal regulatorio de los mismos, tomando en cuenta el amparo constitucional y la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, es de suma importancia que nuestro país asuma la responsabilidad y el compromiso acordado, que le dé seguimiento y vigile el avance hacia su cumplimiento, y que también, se comprometa a lograr los indicadores mundiales establecidos, para el alcance de los 17 objetivos y las 169 metas que componen los ODS.

En el marco de ir logrando los avances e indicadores propuesto, para propiciar el desarrollo sostenible, se han planteado una serie de propósito y medidas, que a mi entender, son necesarias para asumir la agenda 20-30, por tal razón, varias instituciones públicas y organizaciones de nuestro país, les han dado vigencia, cumplimiento y funcionamiento, a las políticas públicas emanada del gobierno dominicano, para la aplicación y regulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de estas instituciones podemos mencionar las siguientes, tomando en cuenta los ODS que han asumido:

Atendiendo a lo planteado por el gobierno dominicano y asumiendo lo acordado y pactado por la ONU con relación a los ODS, el Ministerio de la Presidencia (MIPRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), conjuntamente con la Defensa Civil Dominicana, asumieron el compromiso de establecer, desarrollar e implementar acciones prácticas que, fomenten ciudades y comunidades sostenibles, según las metas planeada en el ODS-11.

En ese mismo orden, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), establecieron un grupo institucional que, desarrollan y promueven proyectos, para garantizar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos, dando correspondencias al ODS-3 a sus metas sustentadas.

Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR), de la mano con el Ministerio Publico (MP) y otros órganos judiciales de la República Dominicana, acordaron, crear, propiciar y desarrollar acciones, que ayuden a alcanzar los logros propuesto en el ODS-16, sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En ese mismo ámbito, nuestro país debe reformar y restructurar el aparato legal y judicial, para fortalecer la institucionalidad.

 En ese mismo sentido, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, aportando y contribuyendo con las metas del ODS-8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ha desarrollado una agenda de acuerdos y compromisos, para asumir con lo propuesto en el marco del desarrollo sostenible.

 También, La Comisión Nacional de Energía (CNE), junto a otras instituciones, acordaron promover la energía asequible y no contaminante, de conformidad con el ODS-07, mientras que, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Ministerio de Educación (MINERD), fijaron compromiso con el ODS-4, orientado en una educación de calidad, formando parte del cumplimiento de los ODS y los metas establecidos en la Agenda 2030.

Es importante destacar que, cada una de estas instituciones mencionadas anteriormente, constituyen el marco institucional que le dan funcionamiento a la arquitectura de los ODS, dentro de la Agenda 20-30 de la República Dominicana, las cuales centran grandes esfuerzos, para alcanzar cada una de las metas integradas en los ODS, así como también, establecer estrategias e iniciativas, las cuales se amparan a través de las leyes del estado dominicano y  Ley de planificación e inversión pública, No. 498-06.

Dicha ley, también está comprometida con el logro del ODS-16, el cual sustenta la creación de instituciones sólidas, en el marco legal de la modernización, la innovación, e institucionalidad del estado dominicano. Por tal razón, nos hemos enmarcado en mejorar las inversiones público-privada, mediante la eficacia de la buena gestión y fortaleciendo robusto de los órganos institucionales de los entes públicos, a través de la profesionalización del servidor público, para ofertar servicios públicos económicos y de calidad.

En consumación, podemos decir que, la República Dominicana ha estructura un marco normativo y una arquitectura institucional, formada por diversas organizaciones, entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es desarrollar, ejecutar y crear políticas públicas, que sirvan de estrategia, para la implementación y planificación, mediante un proceso de seguimiento y evaluación de las metas pautadas en la agenda de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), que ayuden a fortalecer el Desarrollo Sostenible en los ámbitos: económico, social y medioambiental. Integrando la tecnología, la cultura y la diversidad en general, para lograr cumplir con los ODS.